La Ley de Pascual Madoz de 1855, durante el Bienio Progresista, en el reinado e Isabel II, ordenaba la desamortización de todos las propiedades que aún permanecieran amortizadas. Afectó fundamentalmente a bienes de propios y comunes de los municipios, teniendo un efecto muy negativo sobre las clases más desfavorecidas. Su finalidad esencial era recaudar fondos para la construcción del ferrocarril y acabar con una forma de propiedad propia del pasado. En este caso sólo se aceptó dinero en efectivo como forma de pago, un 10% al adquirir las propiedades. Por su valor económico, esta desamortización duplicó a la de Mendizábal, con casi 5.000 millones de reales recaudados, y su aplicación se extendió hasta 1924, aunque el grueso de las ventas de hicieron entre 1855 y 1867.
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